Domingo, Enero 21, 2018

En consideración de
Verdades incómodas
Julio Faesler

MTI Excelsior/Julio Faesler
Publicada: Enero 13, 2018

TEXCOCO.- La Tesorería Federal debió remitir los fondos a princi­pios de enero de 2018 conforme se convino en una junta que se celebró el 14 de diciembre en la que la Secretaría de Hacienda se comprometió a remitir de inmediato 700 millones de pesos, además de otros recursos, para que con estos fondos se pudiera concluir el ejercicio fiscal del estado, correspondiente a 2017. No convence la increíble excusa de la SHCP de que el número de cuenta de la te­sorería chihuahuense estaba equivocado.

En realidad, la SHCP no envió los recursos en cues­tión porque, según le dijo el subsecretario Miguel Messmacher, a Denise Maerker en una entrevista, “no se los vamos a dar porque están haciendo una investiga­ción de un depósito hecho a través de un convenio simi­lar que ha llevado a cuestionamientos sobre corrupción”. Este elemento crucial citado por Ricardo Rafael en su columna en El Universal, es el que da completa razón a la denuncia de Corral.

De una manera u otra, hay una inevitable relación entre la retención del dinero, que forma parte del Ramo 23, y una investigación que implica corrupción y que debe ser la que se sigue en el caso de Alejandro Gutié­rrez, exsecretario general adjunto del PRI, acusado de haber sustraído recursos públicos por la cantidad de 250 millones y usarlos con fines electorales. La retención de fondos necesarios para cerrar el año fiscal fue la res­puesta del gobierno a la osadía de Corral de perseguir las fechorías de uno de los funcionarios del exgobernador César Duarte.

En la rueda de prensa convocada el pasado 8 de ene­ro en la capital de la república para lanzar la enérgica de­nuncia, el gobernador Corral no iba solo. Fue respaldada con la asistencia de personalidades de la talla de Marie­claire Acosta, Clara Jusidman, Agustín Basave, Jacqueline Peschard, Jorge Castañeda, además de figuras del PAN, PRD y MC. Todas se solidarizaron contra las maniobras del gobierno federal para entorpecer el desempeño de un gobierno que se decide a cumplir en serio su compro­miso con la ciudadanía de extirpar la corrupción sistémi­ca que está arruinando el avance nacional.

Otro hecho, también increíble, es que el presidente Peña Nieto haya apoyado el juego de su partido, des­estimando la rueda de prensa como “…un acto político auténticamente cargado de signo partidario” e invitando al gobernador Corral a acudir con su reclamación a las instancias administrativas correspondientes.

Desde luego que el asunto no es tan simple. Están de por medio 39 procesos penales, 30 órdenes de apre­hensión liberadas por juzgados de las que 16 ya han sido ejecutadas; 10 órdenes de aprehensión han sido giradas contra el exgobernador César Duarte, además de 23 vin­culadas a proceso y cinco condenas vinculatorias.

En cuanto a derechos humanos, la Comisión Es­tatal de Derechos Humanos constató que no hay base en la afirmación de que a Alejandro Gutiérrez hubiera sido torturado.

El precandidato Meade deberá cuidarse antes de re­petir todo lo que le pidan decir los estrategas del PRI.

Es en los meses que están por delante cuando tene­mos que hacer uso del más elemental sentido común. El gobierno de César Duarte ha sido el más corrupto de la historia del Estado, pero lejos de ser el único. Claramente comparable al Duarte de Veracruz, también el del paisa­no Herrera Beltrán, el de Quintana Roo con Borge, los de los Moreira en Coahuila, y el de Nayarit. La lucha contra la corrupción es de máximo interés nacional.

La sociedad civil está despierta. El año actual se per­fila, afortunadamente, tanto o más vigoroso que en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando gracias a ella, sus mensajes de respeto al voto y condenas a la corrupción marcaron el principio de una nueva época democratizadora.

La acción de Corral debe seguir un curso firmemen­te sostenido y la sociedad civil que está activándose una vez más, como lo hizo hace años en las campañas de Clouthier o de Nava, no debe desfallecer porque la ve­hemencia de las denuncias hiera la susceptibilidad y la mala conciencia del régimen que las solapa.

La verdad no peca, pero incomoda. Parece que el año 2018 incomodará mucho más.

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