Domingo, Diciembre 17, 2017

La Estación
Restaurar la dictadura perfecta II
Gerardo Galarza

MTI Excelsio/Gerardo Galarza
Publicada: Octubre 08, 2017

TEXCOCO.- A la ya indescriptible irritación social que provoca el gasto público invertido en todos los partidos políticos nacionales, los dirigentes partidistas han respondido con propuestas demagógicas y populistas.

El PRI, el partido en el poder, ha llegado al extremo de proponer la desaparición del constitucional financiamiento público a los partidos políticos. Claro, de acuerdo con la legislación vigente, esa reforma legal no aplicaría para las elecciones federales del próximo año, ya que las leyes que se aplican a un proceso electoral tienen que estar vigentes un año antes a su realización.

En números redondos, el país gastará el próximo año cerca de 30 mil millones de pesos en el proceso electoral para la renovación de la Presidencia de la República y las cámaras del Congreso de la Unión. De esa cantidad, los partidos políticos recibirán unos siete mil millones de pesos, a los que se deberán sumar las “prerrogativas” legales que recibirá de los erarios de los estados en los que haya elecciones locales. La primera cantidad es equivalente a 10% del primer cálculo del costo de la reconstrucción, que deberá hacerse a raíz de los recientes terremotos, presupuestada en 300 mil millones de pesos.

Y fueron los sismos de septiembre los que trajeron de nuevo al debate el escandaloso gasto político-electoral y, luego, la existencia de los legisladores plurinominales.

En un gesto de absoluto populismo, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su partido donaría a los damnificados por los temblores el dinero de las prerrogativas que deberá cobrar en los últimos tres meses de 2017, unos 103 millones de pesos, en un acto que en estricto apego al derecho es ilegal y que al menos configuraría el delito de desvío de recursos públicos, pese a la opinión favorable del Instituto Nacional Electoral (INE), seguramente temeroso de la reacción social adversa. López Obrador determinaría posteriormente que su partido no entregaría ningún dinero a nadie, que formaría un fideicomiso que ellos mismos administrarían.

Presionados, los dirigentes de los partidos que pretenden formar un frente ciudadano opositor, Ricardo Anaya, del PAN, Alejandra Barrales, del PRD, y Dante Delgado, de MC, se subieron al tren del efecto mediático del populismo y anunciaron también donaciones del dinero público que les corresponde en lo que resta del año.

Entonces, ante tal panorama, apoyado también en la consideración de que estas “donaciones” tienen un fin benéfico que justifica la violación a la ley (el desvío de fondos públicos), Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, anunció un donativo mayor, sacando juventud del nada envidiable pasado de su partido, aquel donde López Obrador aprendió el populismo, entre muchos otros de sus vicios políticos.

La propuesta priista de cancelar el financiamiento público a los partidos políticos, junto con la de la desaparición de los legisladores plurinominales, es un intento del partido en el poder de regresar a la situación político-electoral previa al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando era el partido en el poder en su sistema totalitario, el de la dictadura perfecta, donde el PRI tenía el “carro completo” en la obtención de cargos públicos y era el único partido que tenía dinero público, mediante los gobiernos federal y estatales, para realizar campañas políticas, aquellas que eran un recorrido circense por el país, los estados, los distritos electorales o los municipios.

Es absolutamente cierto, ni siquiera debería debatirse, que la democratización del antiguo sistema político de la dominación priista no ha cumplido con la inmensa mayoría de las promesas y expectativas que generó; que los antiguos partidos y políticos opositores resultaron en su mayoría —hay excepciones— tan ineficientes, ineficaces y corruptos como aquellos a los que tanto criticaron; es más, abandonaron al PRI o se sumaron a él, según fuera el caso, cuando vieron que ahí sus pretensiones de poder, en unos casos, no iban a lograrse o, en otros, que ese era el camino para enriquecerse.

Es absolutamente cierto que el gasto público político-electoral es escandaloso, que sus resultados son deleznables, que es la nueva fuente de riqueza, como antes, de tamaladas de ricos sexenales, que es insultante para los pobres mexicanos, quienes siguen siendo mayoría pese a la transición democrática… por la que muchos de ellos votaron. Esto tampoco debería siquiera estar a debate. Se vive todos los días en México.

Sin embargo, intentar acabar con el financiamiento público de los partidos políticos, así como eliminar a los legisladores plurinominales, es promover el regreso al pasado, buscar el resurgimiento de la dictadura perfecta, intentar dar, como antes, atole con el dedo ante la irritación social.

¿Qué hacer? Acabar con los legisladores de mayoría e integrar cámaras con legisladores que representen, proporcionalmente, la fuerza de cada uno de los partidos; el número total puede reducirse. Dos: recortar el financiamiento público a los partidos y a los procesos electorales y, sobre todo, que partidos y autoridades den cuenta de cada peso recibido y gastado, bajo la vigilancia de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, de la misma manera como se vigila a los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Lo demás es populismo, demagogia. El regreso a la dictadura perfecta. Así.

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