Jueves, Noviembre 23, 2017

En consideración de...
Los abusos de poder y algunas consecuencias
Julio Faesler

MTI/ Excelsior/Julio Faesler
Publicada: Septiembre 09, 2017

La designación del fiscal Anticorrupción es el último componente que falta para completar el complicado Sistema Nacional Anticorrupción que, a medida que pasa el tiempo, siembra desconfianza de su eventual eficacia. El asunto es de importancia, pues no podemos imaginarnos cómo vencer la corrupción que el país padece si no se cuenta con un instrumento adecuado

TEXCOCO.- Aunque habría sido más fácil reforzar el actual Código Penal, a fin de juzgar y castigar a los corruptos, los muy ilustrados reformadores prefirieron embarcar al Congreso en la creación de un monumental Sistema Nacional Anticorrupción compuesto de siete leyes generales relativas a responsabilidades administrativas, fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, organización del Tribunal de la Justicia Administrativa, organización de la Procuraduría General de la República, y otra disposición renovando el Código Penal, todo ello coronado por una Ley de la Administración Pública Federal. La pieza clave para que la acción coordinada de esta estructura funcionase era el fiscal Anticorrupción.

El imponente proyecto fue fácil presa de los que vieron en tal sistema su enemigo natural. Fueron ellos y los que le auguraban un penoso fracaso, los que retrasaron su instalación. El nombramiento del fiscal Anticorrupción se convertiría en un balón altamente codiciado y politizado. En el proyecto de decreto pendiente de trámite, los partidos políticos, incluso el PAN, habían aceptado que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, pasaría directa y automáticamente a ser el fiscal Anticorrupción, cargo que será de nueve años.

La figura del procurador, con antecedentes claramente identificados con el partido en el gobierno, imposibilitan confiar en su imparcialidad para el rudo encargo de combatir la corrupción enquistada en todos los niveles del gobierno. Ello evidenciaba la abusiva intención del PRI de blindarse por largo tiempo contra las acusaciones de corrupción que han de esperarse. El vehemente rechazo de múltiples organizaciones cívicas hizo que el pasado noviembre la Presidencia de la República promoviera un decreto que elimina el repudiado pase automático. Los enemigos del Sistema Nacional Anticorrupción ni siquiera atendieron la corrección promovida en la Comisión del caso de la Cámara de Diputados.

La arbitrariedad que intentó el gobierno sólo se conjuró con la férrea posición de los partidos que se aliaron para bloquearla. Pero el éxito no es total. Queda viva la exagerada duración del cargo del fiscal Anticorrupción.

La turbulencia que sufrió el Congreso durante el largo conflicto en torno a la Fiscalía, seguida luego por las que provocaron las maniobras del PRI para controlar la presidencia del Senado en el periodo que ahora se inicia, aumentaron el conocido desprestigio de nuestro Poder Legislativo.

Caso semejante, por cierto, es el que vive el Congreso de nuestro vecino al norte, donde, como ocurre con nosotros, el ritmo del gobierno se ha perdido por completo por culpa de colosales abusos de autoridad.

En efecto, tal como sucede con nuestro gobierno que desvía energías y recursos a objetivos que obedecen a su muy exclusiva perspectiva y conveniencia, en Estados Unidos su Presidente se ha empeñado en imponer su voluntad sin considerar la inconformidad y el profundo daño que con ella siembra. Las decisiones que el Jefe del Ejecutivo norteamericano ha tomado desde el inicio de su mandato han sido tan destructivas en su país como las que hemos sufrido en México, cuando a lo largo de los años se ha herido el respeto al buen orden de las instituciones, que son baluarte de la confianza de la ciudadanía y bases para el desarrollo de nuestros recursos.

Ambos países padecemos dañinos abusos de poder. Allá los que expresan la obsesión que atormenta a Trump y que lo lleva a golpear a su pueblo en asuntos tan sensibles como la salud y la migración. Aquí, como cuando el gobierno, en connivencia con legisladores afines, quiso impedir la creación del instrumento necesario para el ajusticiamiento de la sistematizada criminalidad e impunidad que la acompaña.

Al pueblo de Estados Unidos, a sus senadores y diputados (representantes) toca la tarea de enderezar la actuación de su primer mandatario.

¿Qué diremos de nuestro caso?

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