Sábado, Abril 29, 2017

Filipinas; el valor de los sacerdotes que desafían a Duterte

Gabriel Cuevas para Alianzatex
Publicada: Marzo 06, 2017

El presidente filipino, Duterte. AP//VATICAN//TEXCOCO PHOTO

  • Las Iglesias abren sus puertas a disidentes, como en la era Marcos

MANILA.- (Texcoco Press).- Ver la realidad con los ojos del Evangelio. Incluso a través de un teleobjetivo. Armado con su inseparable cámara fotográfica, Ciriaco Santiago, religioso filipino de la Orden de los Redentoristas, encontró una forma completamente personal de misión, mientras la crónica vuelve a describir la campaña de ejecuciones extrajudiciales que se están llevando a cabo contra vendedores de droga y adictos, con dramáticas consecuencias.

Se trata de la conocida cruzada anti-droga promovida por el presidente Rodrigo Duterte, que en ocho meses de gobierno ha provocado más de 7600 víctimas. De todas ellas, 2500 muertes fueron responsabilidad de la policía (en presuntos enfrentamientos con los criminales); otras 5 mil fueron provocadas por «escuadrones de vigilantes» que, según un reciente informe de Amnistía Internacional, están en la nómina de las fuerzas del orden para llevar a cabo el «trabajo sucio» y limpiar las calles de la criminalidad con métodos veloces y sin pasar por los vericuetos de la justicia ordinaria o de un proceso legal.

Un verdadero «permiso para matar», como se titula el último informe de Human Rights Watch, publicado a principios de marzo, que se refiere a «crímenes contra la humanidad».

Santiago, sacerdote foto reportero, se adentra todas las tardes por los meandros de la ciudad y visita las zonas más difíciles del área metropolitana de Manila para documentar la violencia. Las escenas que retrata son terribles. Cadáveres abandonados en un charco de sangre, Cuerpos mutilados o signos de tortura. Adolescentes acribillados de espaldas.

«Dar a conocer esta barbarie legalizada es un trabajo, más que periodístico, humanitario», indicó el hermano Santiago, que pretende contribuir en la concientización «de la opinión pública sobre las flagrantes violaciones del estado de derecho y de la legalidad, para detener la masacre». «El periodismo puede servir verdaderamente el interés público y al bien de la comunidad», explicó a Vatican Insider.

Con sus fotos, los Redentoristas hicieron una exposición fotográfica en grandes paneles que fueron colocados a la entrada del santuario de Baclaran, una iglesia muy importante en Manila. Después de la reacción desdeñosa de los fieles, también llegó la de bandas violentas que destrozaron o robaron los incómodos paneles.

Las fuertes críticas de la Iglesia filipina sobre los métodos «de justiciero» de Duterte son muy conocidas. Ha habido muchas declaraciones y de diferentes tipos de cardenales, obispos y sacerdotes, y la última «marcha por la vida», que fue hace un mes en Manila, se transformó en una manifestación de protesta en la que participaron 10 mil fieles en contra de los métodos del presidente, que promueve un «reino del terror» que se puede comparar con la dictadura de Ferdinando Marcos.

Las nuevas medidas legales que anunció el gobierno (como volver a instaurar la pena de muerte o establecer la edad de 9 años para poder se sujeto de responsabilidades penales) solo aumentan las críticas y el abismo entre la jerarquía católica y el gobierno. La Iglesia especifica que no «está en contra de Duterte», sino que considera que los derechos humanos, la justicia y el respeto de la vida son valores de extrema importancia.

Pero las palabras no son suficientes. La comunidad de los bautizados ha buscado vías concretas para frenar la oleada de ejecuciones que está ensangrentando al país. Y así nació la campaña «Puertas abiertas» en las iglesias filipinas, que han comenzado a acoger a adictos o personas buscadas por la policía que podrían ser asesinados a sangre fría.

En Quezon City, barrio de Metro-Manila, la metrópolis conformada por 15 ciudades, el carmelita Gilbert Billena, es uno de los sacerdotes que alojan con valentía entre los muros de la parroquia a los nuevos «refugiados». Billena está involucrado en la asociación «Rise Up» (Levántate), que nació justamente con el objetivo de resistir a la campaña anti-droga, tildada de «ilegal, inmoral e inhumana».

Con él hay otros sacerdotes que desafían abiertamente a Duterte en la que definieron una «resistencia no-convencional». Amando Picardal no pierde ninguna ocasión para denunciar al presidente desde el púlpito: lo llama «sediento de sangre» y «presa del complejo del Mesías». Otros, como el misionero belga Hans Stapel o el irlandés Hay Cullen se ocupan de comunidades de rehabilitación de adictos: una obra paradigmática para demostrarle al gobierno que la vía contra las drogas es la sensibilización cultural y la rehabilitación, no la eliminación de las personas.

De esta convicción nació el compromiso a alojar a los «nuevos refugiados» en las iglesias, según una tradición que fue adoptada durante la época Marcos, cuando los edificios de culto eran puerto franco para activistas, periodistas, políticos e intelectuales que habían sido declarados «enemigos del estado».

Es lo que sucedió hace pocos días con la senadora Leila de Lima, orgullosa opositora a la política de Duterte. De Lima, que fue Ministra de Justicia en el gobierno anterior al de Duterte, con Benigno Aquino Jr., fue arrestada con la acusación de complicidad con los capos del narcotráfico, con base en declaraciones de su chofer, y podría ser condenada a cadena perpetua.

La mujer, que guía la comisión para los derechos humanos que desde hace años está presionando al presidente en funciones, se declara inocente y clama que se trata de un complot. Su historia marca un parteaguas en la era Duterte: comienza la represión de la disidencia política.

VATICAN/PAOLO AFFATATO

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